Mayo de 2006 abrió la puerta para la evaluación de la educación en Chile y el cuestionamiento sobre los verdaderos avances en esta materia de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición, que ha gobernado el país desde el fin de la dictadura, tuvo como gran bandera de batalla una Reforma Educacional que intentó avanzar en temas de equidad, calidad y cobertura del sistema chileno. En Mayo más de medio millón de escolares chilenos salieron a la calle y tomaron sus colegios para protestar por la mala calidad de su educación y por las reiteradas promesas incumplidas de una sociedad indolente. Mientras el precio del cobre –el sueldo de Chile- estaba por las nubes, los jóvenes sentían que su educación estaba por el suelo, sin ver mejoras con respecto a la recibida por sus padres a pesar del progreso general de la economía chilena.

Históricamente, la educación en Chile ha tenido gran protagonismo. Luego de la guerra del Pacífico, se aseguró la cobertura de la educación básica gracias a los recursos del salitre. Años después, en 1938, el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda tomó como bandera la frase “gobernar es educar”. Pero fue sólo a partir de la década de los 70 que se consideró a la educación como la gran herramienta para la superación de la pobreza. Desde ese entonces, el énfasis estuvo en disminuir el analfabetismo y aumentar la cobertura, tareas en las que se obtuvieron importantes éxitos, acercando a nuestro país a los niveles de países desarrollados.
 Una vez en democracia, la Concertación recibió un sistema escolar caracterizado por importantes brechas de calidad entre los distintos tipos de establecimientos: Particulares pagados, a los que accede el 7% de los estudiantes y que cuentan con la mejor calidad; Particulares subvencionados, a los que accede el 39% y si bien son de propiedad privada, cuentan con un aporte estatal fijo por estudiante adicional al aporte familiar y finalmente, establecimientos municipalizados, de propiedad y administración estatal, que son gratuitos para las familias y a los que accede el 54% restante de los estudiantes.

La brecha de calidad y resultados que existe entre el primer grupo y los dos restantes se convirtió en el gran desafío para la Concertación y en la principal motivación para realizar la Reforma a la Educación, lanzada en 1996 y que tuvo dos principales líneas de acción. La primera, ligada a generar una jornada escolar completa y la segunda, a aumentar los contenidos mínimos del currículo y la forma de entregarlo.

Los principales objetivos detrás de extender la jornada escolar, fueron aumentar la cantidad de horas lectivas mediante la inclusión de actividades complementarias intentando así igualar las ventajas formativas de los establecimientos particulares. Adicionalmente, aportó a la reducción de la exposición de los menores a los peligros de la calle y a mejorar los niveles de alimentación de los estudiantes, pasando en la práctica ésta responsabilidad desde las familias hacia el Estado. Para éstos objetivos, se ampliaron los establecimientos y se debió construir un gran número de nuevos colegios, debido a que anteriormente éstos eran usados durante la mañana por un grupo de estudiantes y por la tarde por otro. Este aumento llevó a una mayor demanda de profesores, por lo que se relajaron las exigencias académicas para su formación y se multiplicaron los incentivos a la elección de la pedagogía como carrera universitaria.

Por otra parte, el aumento de los contenidos curriculares mínimos pretendía igualar, mediante la cantidad, la retención y comprensión de éstos por parte de los egresados de establecimientos privados, diferencias reflejadas en las evaluaciones intermedias y finales del proceso escolar. En este esfuerzo, se intentó modificar la metodología de enseñanza haciéndola más participativa y enfocada a la creatividad, procurando mejorar así las habilidades cognitivas de los estudiantes. Lograr esto implicaba la capacitación de los profesores para modificar sus métodos, incorporar por primera vez una evaluación de desempeño docente, aumentar su capacidad de tratar un mayor volumen de contenidos y brindarles la formación necesaria para utilizar nuevos materiales (principalmente de índole tecnológico), provistos por el Estado.

Entre las falencias percibidas por los estudiantes, se encuentra el uso de los nuevos horarios para las materias clásicas -lenguaje y matemáticas- en lugar de los contenidos de formación complementaria prometidos. Esto, por la necesidad de pasar más contenidos y la escasez de tiempo para hacerlo. En segundo lugar, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que reemplazó recientemente a la anterior evaluación para ingresar a la educación superior, incorporó elementos de contenido más que de aptitud, lo que aumentó la brecha de acceso a la universidad entre egresados de colegios privados y subvencionados o municipales. Esto, en directa contraposición con las promesas de las autoridades al justificar el cambio.

Sumado a lo anterior, el magisterio no fue el aliado necesario para que los cambios propuestos fueran posibles. Se negaron a ser evaluados, a cambiar sus métodos de enseñanza, no aprovecharon las oportunidades para ser capacitados adecuadamente e ignorando los nuevos recursos tecnológicos ofrecidos. Por otra parte, los nuevos docentes incorporados al sistema en forma masiva para paliar el aumento de demanda -incluso mediante cursos por correspondencia- tampoco tuvieron la preparación necesaria, disminuyendo los estándares del país.

Todos los elementos anteriores, contribuyeron a la percepción por parte de los escolares, de estar en un sistema educacional que ha tocado fondo. En términos prácticos, aumenta año a año la brecha de resultados entre alumnos de colegios particulares y los del resto del sistema, transformando a la educación chilena en una verdadera fábrica de la desigualdad.

Frente a esto, los escolares, empoderados con la aceptación ciudadana de sus manifestaciones y demandas exigen cambios cada vez más radicales y urgentes, aumentando las distancias en las diferentes mesas de discusión sobre el tema. Ante esta situación, la coalición gobernante pareciera no tener ideas frescas, lo que pareciera un reflejo del fracaso de su iniciativa estrella en términos educacionales.

Por esto la urgencia de una nueva reforma a la educación se hace evidente. Una reforma que acentúe la participación de los actores (padres, docentes y los mismos educandos), que regule con mejor la actividad docente mediante evaluaciones y capacitaciones efectivas. Que disminuya el volumen de contenidos mínimos, dando espacio para la contextualización de la enseñanza a las realidades y desafíos locales. Que promueva grados crecientes de integración social entre estudiantes de distintos orígenes y entregue información. Mucha más información para hacer más eficiente un sistema que hoy pareciera contar con lo peor del mundo estatal –ineficiencia y falta de competencia- y lo peor del mundo del mercado –poca fiscalización y la prioridad del lucro por sobre el proceso educativo- cuando podríamos contar con lo mejor de ambas dimensiones: la mayor competencia e información al tiempo de asegurar el derecho a estándares dignos de educación.

El éxito macroeconómico demostrado por Chile en el último tiempo oculta una falla de diseño clave: no asegura el crecimiento del capital humano de la mayoría de sus habitantes. Considerando a este como un país cuyo principal potencial se encuentra en su diversidad (tanto geográfica como humana) resulta un contrasentido no priorizar social, política y culturalmente la única y gran oportunidad que tiene nuestro país de dar el salto hacia el desarrollo, cultivando la riqueza inherente a todos sus habitantes.

Carla Castillo, Alejandro Fernández, Davor Mimica, Irene Ramírez y Sofía Varas son miembros de la Comisión de Educación de "A Tomarse Chile", Asociación Civil; Santiago de Chile, Chile.